El gobierno de Milei empezó mal. Nos lo dijo la ortografía. Desde el triunfo electoral de La Libertad Avanza, una práctica se volvió ritual, ejercicio público de observación, divertimento del tipo ‘encuentra las diez diferencias’ entre la escritura del gobierno y la escritura ideal. Me refiero a la corrección gramatical que ciudadanxs de X, Whatsapp y demás redes aplicaron con énfasis en los primeros comunicados de prensa del gobierno entrante.
La indignación por el incumplimientos de normas gramaticales, las interjecciones desoladas por encontrar una coma entre sujeto y predicado, las versiones de comunicados oficiales corregidas en rojo como hacían las maestras de escuela primaria unos años atrás son todas prácticas de lo que Debbie Cameron llama higiene verbal: valoraciones sobre usos del lenguaje que tienden a controlarlo. La ideología lingüística que guía estas prácticas le da más autoridad a las reglas celosamente protegidas por las academias de la lengua (la más famosa: la Real Academia Española) que a los saberes de lxs hablantes y sus fines comunicativos. Desde esta mirada, el lenguaje inclusivo también sería incorrecto y, como piensan los libertarios, un atropello; por eso, entre otras cosas, no comparto la idea de que la RAE tiene más autoridad que lxs hablantes en materia de lengua.
Sin embargo, valoro estos gestos correctivos por su potencial semántico. En línea con Cameron, encuentro que el enojo por una u otra transgresión gramatical es, en realidad, un enojo por hechos sociales y políticos, una condena a la orientación derechista del partido.
El hecho de que las críticas no recaigan en el contenido sino en la superficie del texto nos muestra que lo fundamental es el hecho de tachar en rojo, reformular y ponerle un 1 en redacción al aprendiz de presidencia. El ejercicio correctivo es, en sí mismo, el objetivo del acto de corregir. Corregimos para corregir, para controlar, para frenar, para marcar que estamos atentxs y, sobre todo, preocupadxs. Esta práctica de higiene verbal es, en otras palabras, una forma de control ciudadano sobre un mandatario amenazante. Así empezamos.